Reforma Laboral Constitucional en México: ¿y ahora qué?

Por Stephen Birtwistle

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Ejecutar. Es el verbo que he leído y escuchado menos alrededor de la Reforma Laboral Constitucional de 2017 en México. Me parece correcto aplaudir los cambios a la Carta Magna del país, así como los que se publicaron el 1 de mayo 2019 respecto a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Sin embargo, el reto más grande, como en las reformas de cualquier país, podría ser su ejecución. En México, un ejemplo de ello es la implementación de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia de 2008, la cual sentó las bases para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal democrático. Como sabemos, su ejecución ha sido difícil y no ha estado libre de retrasos.

La Reforma Laboral podrá reparar el retraso del acceso a la justicia para las personas trabajadoras, lo cual es aplaudido por los ciudadanos y las ciudadanas (¡yo incluido!). No obstante, no es el momento de quedarnos con los brazos cruzados, ya que los problemas de la justicia laboral en México se hubieran arreglado hace años con sólo aplicar la ley de manera estricta: “según la ley vigente antes de la reforma, una demanda por despido injustificado no debía tomar más de 105 días en resolverse, cifra que seguramente hace reír a los abogados laborales acostumbrados a juicios que duran años” (Kaplan, 2019).

Otro reto es conseguir una transformación del Estado, la manera en la cual opera y el entendimiento de su papel en un sistema nuevo. Hasta el día de hoy, hemos visto señales positivas por parte de los poderes legislativo y ejecutivo para los cambios necesarios a la LFT, así como la instalación del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral (CCIRSJL) (Secretaría de Gobernación, 2019). Sin embargo, siguen muchas interrogantes para la implementación de esta reforma. Por mencionar algunas:

¿El presupuesto? Si pensamos que “el presupuesto es amor”, parece que la implementación de la reforma carece de servidores públicos y legisladores que le quieran demostrar, por lo menos, afecto. Esto se debe a la falta de pruebas que los tomadores de decisión hayan contemplado los requisitos presupuestarios para llevarla a cabo (la creación de un órgano administrativo, la creación de los tribunales laborales y la desaparición de la Junta de Conciliación y Arbitraje (Ponce, 2019)). Se estima que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que invertir 2,223 millones de pesos durante el sexenio para la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Federal (Hernández, 2019) y, en un contexto de austeridad republicana en el cual los servicios públicos se están viendo afectados, me pregunto: ¿habrán hecho bien las cuentas?, ¿La administración pública podrá invertirle lo debido?

¿El Poder Judicial? Es clara la necesidad de aumentar los órganos jurisdiccionales, para atender los más de 100,000 juicios laborales anuales (Soto, 2019), lo cual desatará un proceso de busca de recursos humanos especializados, pero, de nuevo, ¿contamos con el presupuesto para esto? Además, tampoco existe claridad sobre cómo se capacitarán los funcionarios públicos que tendrán la responsabilidad de ejecutar la Reforma Laboral (las y los jueces incluidos), asunto de extrema importancia para que los tribunales laborales puedan realizar su trabajo. Dicha capacitación debe cumplirse en plazo de tres años en materia local y cuatro en materia federal y debemos preguntarnos; ¿Será suficiente?, ¿Quién la otorgará y quién monitoreará su calidad y cumplimiento?

¿Los sindicatos? En las palabras de una pequeña federación independiente, “podemos tener una ley muy bonita, pero no va a ser cosa fácil. Ha habido muchos años de control y manipulación” (Malkin, 2019). El problema de los sindicatos blancos (de protección patronal o “charros”) en México es algo reconocido y el dicho mexicano “no puedes enseñarle nuevos trucos a un perro viejo” aplica en gran medida a este caso. La estricta implementación de la Reforma Laboral será clave para darles un ultimátum a los sindicatos que no representan a las personas afiliadas: renovarse o morir, básicamente.

¿El sector privado? Queda claro que no es la reforma que este sector hubiera querido (Ponce, 2019), ya que democratiza las relaciones laborales entre empleador y empleado/a, por lo cual será progresivamente más complicado violar los derechos laborales. No obstante, es necesario que el sector privado continúe el diálogo con las autoridades, para contar con una LFT que cuente con los aspectos necesarios para no competir con otros países sólo con base en salarios bajos. Asimismo, me parece importante que cuente con un asiento en el CCIRSJL, debido a que será también usuario de los tribunales laborales y necesitamos garantizar que funcionen para todos los actores involucrados.

¿Las personas trabajadoras de la industria de la moda? Por último, pero no menos importante, las personas trabajadoras deben unirse, pedir la implementación del marco normativo y la garantía del respeto de sus derechos laborales, un reto enorme en un contexto maquilero de pobreza, precariedad y violencia laboral. La implementación de la Reforma Laboral deberá en gran parte sanar una deuda histórica que el estado tiene con las personas trabajadoras de la industria de la indumentaria: el derecho a organizarse colectivamente sin represalias y/o despidos (básicamente garantizar la Libertad de Asociación, en un país donde casi el 80% de los contratos colectivos son de protección patronal, es decir casi 400,000 de un total de 500,000 contratos (24 Horas, 2019)).

En conclusión, no debemos quitar el dedo del renglón. Desde la sociedad civil, debemos apoyar, monitorear y fortalecer la implementación. Nuestro papel es visibilizar los problemas, sugerir alternativas de solución al aparato gubernamental y convocar los actores clave a la mesa de diálogo. A través de la investigación y la incidencia política, contamos con la posibilidad de sugerir mejoras (o correcciones) a los aspectos del marco normativo que no favorecen relaciones laborales horizontales y en las cuales las personas trabajadoras pierden. Asimismo, debemos verificar que la ley se cumpla y apoye el respeto a los derechos laborales. Es justo en este espacio que la filantropía privada y corporativa encuentran un terreno fértil para apoyar a los y las activistas que dedican su vida y energía a esta lucha.